Motastepe: ¿qué esperamos?

Doraldina Zeledón Úbeda

Para cada invierno, la población y algunos ambientalistas denuncian y alertan sobre derrumbes del Moptastepe, pero aunque no haya un deslizamiento, durante el año se dan otros problemas que poco a poco van afectando la salud: el polvo debido al viento y a la actividad de los camiones, las inundaciones con el consiguiente arrastre de arena por las calles y cauces. Y la alta sismicidad.

Y al darse un deslizamiento los efectos no son sólo para la población aledaña, el cerro está a la orilla de una carretera y varios barrios podrían ser afectados, tanto de Managua como de Ciudad Sandino. También la vida económica de varios municipios, pues en los alrededores hay industrias y gran parte de la fuerza laboral de la zona se desplaza a trabajar a la capital. Es decir que su área de influencia directa está en los barrios cercanos al cerro, pero va más allá. Y en este tipo de eventos hay algo que no puede cuantificarse, y es la seguridad, la tranquilidad de las personas, con todo lo que ello implica: sus pertenencias, sus relaciones, su familia, su trabajo. Y la tensión e incertidumbre al estar pendiente de lo que temen puede afectar la salud.

El problema no es nuevo. En 2005 entrevisté al delegado para Managua, del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), el Ingeniero Róger Pérez de la Rocha. Para ese tiempo esta delegación había introducido una demanda porque la explotación era ilegal, ya que no contaba con el aval del Ministerio, expresó.
Según la información, el cerro arenero se ha explotado desde los años 70. La empresa Arenas Nacionales S. A. inició las excavaciones en 1992. Pero obtuvo autorización para extracción de arena a partir de 2002, otorgada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific). Sin embargo, el permiso de explotación tiene que ser otorgado con la participación del municipio, en este caso, Ciudad Sandino, y del Marena, previo a estudio de impacto ambiental, según la Ley General de los Recursos Naturales y el Medioambiente, la Ley de Municipios y la Ley Especial de Exploración y Explotación de Minas. Es decir, el problema no es por falta de leyes, sino que las instituciones parece que no trabajaron coordinadamente.

La delegación del Marena abrió un proceso administrativo contra Arenas Nacionales S.A. y emitió una resolución en la que le exigía suspender las actividades de extracción, mientras no obtuviera el permiso ambiental. Al agotar el trámite administrativo, el caso pasó a la Procuraduría Nacional de Medioambiente, según el Delegado. ¿Qué sucedió? Por lo visto el permiso quedó en pie. Y el cerro, dando traspiés.

El caso se hizo público a partir de inundaciones durante el período de lluvias de 2005, al desbordarse un cauce natural afectado con las excavaciones, por lo que el temor aumentó, pues la sobresaturación de agua, el constante removimiento del terreno y el hecho de que ya están socavadas las bases del cerro, hacen probable un derrumbe, junto con inundaciones.

La Alcaldía de Ciudad Sandino ha manifestado su inconformidad, igualmente Managua, pero no se conocen acciones concretas de ambas. La población reclamó, y pasadas las lluvias, parece que se olvidaron. Ahora vuelve el tema a la opinión pública.
El problema es complejo, y los efectos y sectores perjudicados serían varios, por lo que las respuestas deben buscarse de forma multilateral, con la participación de diferentes sectores porque al fin un suceso de este tipo nos afecta a todos. Y deberían sumarse los alcaldes y autoridades de los pueblos vecinos. Y también la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría Ambiental, el Ministerio de Salud, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. Asimismo, las ONGs ambientalistas, municipalistas y de Derechos Humanos. También debería haber una organización sólida de los pobladores que viven en las cercanías del cerro, para reclamar sistemáticamente.

Esto, además de sensibilización, requiere de investigación, información, organización y participación, de acciones concretas ya, y no esperar hasta que haya una desgracia. La población organizada e informada sobre el riesgo que corre, comenzará a ejercer presión en las autoridades, pero también contribuir a la solución. Mientras la ciudadanía no presione fuerte, las respuestas serán débiles, y escurridizas como la arena.

Y así como se identifican varios efectos y partes afectadas, el proceso requiere del análisis de muchos aspectos del problema: la falta de cumplimiento de las políticas públicas y de coordinación entre las autoridades, analizar las normativas y los procedimientos, sus vacíos, incluyendo los permisos otorgados, su proceso y su cumplimiento. No basta con la sensibilización, ya que cada parte tiene sus intereses y su propia percepción. Por ejemplo, la empresa puede sostener que ella no es la responsable, pues cuenta con un permiso y son varios los que explotan el cerro. Y las alcaldías, que no son ellas las que dan el permiso. Y el problema se va agrandando y dejando a un lado.

También hace falta conocer la cantidad de población afectada y sus actividades económicas. Por todo esto se necesita la participación de especialistas, como sociólogos, economistas, antropólogos, geólogos, sicólogos, juristas, no sólo autoridades, población y ambientalistas. Hay que conjugar los saberes, intereses y estrategias académicas, políticas, empresariales y populares. Las universidades podrían también ser actoras, ya que reúnen diferentes disciplinas. Y, por supuesto, la participación de los medios de comunicación es necesaria. Y la aplicación de la ley.

Podemos hacer esto y más, ¿qué esperamos? ¿Más refugiados, más pobreza, más gastos en vez de invertir en educación y salud?

16 de agosto del 2011
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